Peña Nieto pacifica con o contra los narcos

El que no se pacifica, pierde

Año 7. Edición número 304. Domingo 16 de Marzo de 2014

Por 

Eduardo J. Vior. Periodista

internacional@miradasalsur.com

 

México: narcotráfico y violencia. Las circunstancias de la muerte de Nazario Moreno, el Chayo, muestran de qué manera Enrique Peña Nieto quiere acabar con la violencia, pactando al mismo tiempo con el narcotráfico.

Nazario Moreno González, alias El Chayo o El más loco, el líder del cartel Los Caballeros Templarios, fue abatido por el ejército el domingo 9 en Michoacán, mientras festejaba su 44° cumpleaños. El capo pudo actuar con relativa calma estos últimos tres años porque el gobierno de Felipe Calderón (2006-12) lo había dado por muerto, pero ahora sí murió, porque entendió mal la estrategia del presidente: para pacificar México, Peña Nieto sólo quiere matar a los capos violentos y peligrosos. El michoacano no murió por narco, sino porque era un obstáculo para la pacificación de su estado.
Cuando en diciembre de 2010 el gobierno federal informó que El Chayo había caído en un enfrentamiento con la Policía Federal, en ningún momento presentó el cadáver. Tras ser dado por muerto, Moreno González creó entonces Los Caballeros Templarios. Esta vez, la identidad del Chayo fue confirmada por sus huellas dactilares.
El abatimiento del Chayo se da a sólo tres semanas de la captura del líder del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, y representa un nuevo golpe a los grupos de narcotraficantes del país. El abatimiento echa también luz sobre las incompetencias, irregularidades y probables complicidades del gobierno del PAN con el narcotráfico.
En 15 meses, el gobierno de Enrique Peña Nieto pudo celebrar varios logros en la lucha contra los carteles. A la muerte de Nazario Moreno González, alias El Chayo, se suman la detención del líder del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, y del violento jefe de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño. Sin embargo, el crimen organizado echó raíces en la economía y la sociedad mexicanas. Después de la captura de El Chapo en Sinaloa hubo algunas marchas de personas que pedían su liberación o exigían que no fuera extraditado a Estados Unidos. En Michoacán, donde Los Caballeros Templarios se apoderaron de amplios sectores de la economía, Moreno es venerado por sus seguidores como “San Nazario”, con altares y oraciones incluidos.
Los especialistas advirtieron que en los últimos meses también se vieron retrocesos, como la excarcelación del capo histórico Rafael Caro Quintero por una cuestionada decisión judicial o el surgimiento de grupos ciudadanos de autodefensa en Michoacán.
Algunas versiones adjudican los recientes éxitos del gobierno federal a los nexos preexistentes con los capos. Por ejemplo, cuando El Chapo fue detenido hace tres semanas, Phil Jordan, ex jefe del Centro de Inteligencia de la DEA en El Paso (Texas, EE.UU.), consideró que, si Guzmán “no es extraditado, se le permitirá escapar dentro de un período de tiempo”, porque, afirmó, financió la campaña electoral de Peña Nieto. “Nunca pensé que con el PRI lo iban a arrestar, porque El Chapo metió mucho dinero en la campaña de Peña Nieto”, reveló Jordan. Interrogado sobre si tenía pruebas de sus acusaciones, afirmó que esa información está en los documentos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que dan fe de que “El Chapo siempre ha estado metido en política”. Raudamente, el Departamento de Estado salió a declarar que las opiniones del ex agente no eran oficiales.
Por su parte, el también ex agente antidrogas Héctor Berréllez declaró entonces que El Chapo Guzmán había dejado de contar con “protección del gobierno mexicano” y sabía que iba a ser capturado.
Cuando los excesos de las autodefensas obligaron en enero pasado a las fuerzas federales a intervenir en Michoacán y el gobierno acabó pactando su paulatina incorporación al ejército, varios observadores destacaron la presencia entre ellas de miembros del cartel Jalisco Nueva Generación (JNG).

Reducir la violencia. La política de seguridad de Enrique Peña Nieto prioriza la reducción de la violencia antes que el ataque a los capos del narcotráfico, como hizo el pasado gobierno. Uno de los mayores contrastes con la anterior política antidrogas es el énfasis puesto en el descenso de las tasas de homicidios, secuestros y extorsiones. En una campaña publicitaria el año pasado, el gobierno denunció en diez videos lo que llamó los “mitos” detrás de la guerra contra el narcotráfico llevada adelante desde 2000 por los gobiernos panistas. Uno de los más salientes incluía la llamada “estrategia del pivote”, que suponía que capturando o matando a los capos se acababan los carteles. El contraargumento del gobierno actual es que la detención o la muerte de los jefes no incidían en la altísima tasa de asesinatos en el área respectiva. Muchas veces la desaparición del jefe máximo llevaba a la fragmentación de los carteles y a guerras más violentas aún por el control de un determinado territorio. No obstante, el gobierno de Peña Nieto asegura que no pretende dejar de luchar contra el narcotráfico, pero que el arresto o muerte de los líderes ya no es el objetivo central de su estrategia. No faltaron entonces los opositores que dijeron que la vuelta del PRI al gobierno implicaba el retorno a su viejo modelo de pactos con los narcos y razón no les faltó.
El encarcelamiento deEl Chapo y ahora la muerte de El Chayo reavivaron en el mismo sentido la discusión internacional sobre la estrategia de la DEA norteamericana tendiente a descabezar los carteles. En un editorial de Al Jazeera del 4 de marzo (“El fracaso de la estrategia de derribar al rey”) se señalaba que, a cambio de no adoptar las necesarias reformas políticas y legales para legalizar el consumo de drogas dentro del propio país, los EE.UU. exportan a todo el mundo una guerra contra los carteles en la que, por su concentración exclusiva en los capos máximos, obligan a las organizaciones criminales a crecer, para poder sostenerse financieramente ante la persecución, y de este modo multiplican su impacto social. Por el contrario, argumenta la cadena qatarí, si EE.UU. legalizara el consumo de drogas, desmantelaría las redes ilegales de abastecimiento.
Sobran los indicios sobre los vínculos entre la estructura del PRI y casi todos los partidos mexicanos con el narcotráfico. También resulta plausible que El Chapo haya cofinanciado la campaña electoral de Peña Nieto y que su entrega haya sido pactada. El Chayo, en cambio, cayó víctima de su delirio místico y de su exceso de confianza, después de que el gobierno panista le facilitó esconderse al declararlo muerto en 2010.
Peña Nieto no tiene un interés prioritario en acabar con los carteles de la droga, sino con la violencia. Por eso avanza pragmáticamente, pactando con quien puede y matando a los más violentos. Puede llegar a tener éxito y “pacificar” el país, si por tal se entiende ausencia de masacres. Sin embargo, no parece realista esperar que avance en el esclarecimiento de las cien mil muertes que la guerra civil disfrazada de narcopolítica produjo desde 2000. ¿Quedarán los muertos para siempre insepultos o la conciencia cívica del pueblo mexicano los rescatará alguna vez para la memoria colectiva?