La huelga general pone a prueba a Cartes
Año 7. Edición número 305. Domingo 23 de Marzo de 2014
Ante la creciente violencia rural y la polarización
política, la medida de fuerza sindical y popular contra el gobierno
neoliberal puede poner un hito fundamental en la historia paraguaya.
En un clima de alta conflictividad social, violencia rural y
polarización política, se realiza en Paraguay el próximo miércoles 26 de
marzo la primera huelga general contra el gobierno de Horacio Cartes,
la que por su masividad y oportunidad seguramente marcará un hito en la
historia de Paraguay.
A la protesta convocada por la Central Nacional de Trabajadores (CNT) y otras cinco centrales sindicales adhieren la Federación Nacional Campesina, la Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas (Mcnoc), pueblos originarios, la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes), estudiantes universitarios y otras organizaciones sociales y políticas.
Ante la masividad que promete tener el reclamo, en el gobierno y el ejército cunde la preocupación. Por esta razón, el pasado lunes 17 el gobierno formó una “comisión de crisis” para responder a la huelga. Luego de una reunión con el presidente Cartes, la presidenta del Partido Colorado, Lilian Samaniego, dijo que había sectores que estaban “impulsando la violencia y la confrontación”, aunque no los identificó. Por su parte, en declaraciones a Portal del Sur (http://portaldelsur.info/) el pasado martes 18, el secretario general de Fenaes, Federico Enciso, contradijo a la dirigente: “La idea es hacer una gran huelga general pacífica, pero ya recibimos información de que el gobierno realizará provocaciones”. A su vez, el ministro de Trabajo, Guillermo Sosa, aseguró también el martes que no descarta pedir al Ejecutivo la ilegitimidad de los paros, si participan “elementos ajenos a las reivindicaciones de los trabajadores”. A instancias de los altos mandos, el gobierno puso el lunes 17 a las fuerzas armadas en estado de alerta, “por la existencia de informes sobre posibles disturbios organizados para esas fechas”. La campaña de intimidación contra los huelguistas se multiplicó en los días siguientes en los medios adictos.
La Coordinadora Sindical y Popular que convoca a la huelga difundió el pasado lunes sus reivindicaciones, entre ellas, el alza del salario mínimo del 25% contra el 10% ofrecido por el gobierno. Los sindicatos exigen también la regulación legal de los precios de los productos básicos y la reducción del precio del transporte público, que insume hasta el 30% del salario de muchas familias, la ampliación de la seguridad social a más sectores y la derogación de la ley de Alianza Público-Privada (APP), vigente desde noviembre pasado, por sus efectos privatizadores sobre los recursos y servicios públicos.
Paraguay es el país de mayor desigualdad en toda América del Sur. Se estima que el 64% de la población tiene necesidades básicas insatisfechas, con un 20% de extrema pobreza. La población rural representa el 43%, pero 351 propietarios concentran el 77% del total de las tierras y el 40% de los agricultores sólo posee el 1%. Los sindicatos cuentan con una respuesta masiva a la convocatoria de huelga, pero la bajísima tasa de sindicalización (apenas el 10%, en su mayoría en el sector público) hace que el resultado sea aún incierto.
Entre tanto, las cámaras empresarias están expectantes. Las principales asociaciones de la producción, la industria y el comercio no han decidido qué actitud tomar, aunque prevén la pérdida del día de trabajo y buscan reducir el daño. Tampoco las cámaras sectoriales han tomado decisiones, porque quieren esperar hasta el último momento, para prever el alcance de la medida, pero también porque, desplazadas por las empresas del presidente en el otorgamiento de licencias y contratos estatales, no respaldan plenamente al gobierno.
Mientras tanto, la convocatoria de Cartes para dialogar con la oposición fracasó después de que el Frente Guasú y el Partido Liberal (PLRA) rechazaron el convite. La negativa de los liberales –hasta ahora firmantes de un pacto con el Partido Colorado– fue especialmente dura, cuando Miguel A. Saguier, presidente del partido, amenazó al mandatario con hacerle juicio político “por agravios a la institucionalidad del país, persecución a funcionarios opositores y violación de las leyes”.
A la protesta convocada por la Central Nacional de Trabajadores (CNT) y otras cinco centrales sindicales adhieren la Federación Nacional Campesina, la Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas (Mcnoc), pueblos originarios, la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes), estudiantes universitarios y otras organizaciones sociales y políticas.
Ante la masividad que promete tener el reclamo, en el gobierno y el ejército cunde la preocupación. Por esta razón, el pasado lunes 17 el gobierno formó una “comisión de crisis” para responder a la huelga. Luego de una reunión con el presidente Cartes, la presidenta del Partido Colorado, Lilian Samaniego, dijo que había sectores que estaban “impulsando la violencia y la confrontación”, aunque no los identificó. Por su parte, en declaraciones a Portal del Sur (http://portaldelsur.info/) el pasado martes 18, el secretario general de Fenaes, Federico Enciso, contradijo a la dirigente: “La idea es hacer una gran huelga general pacífica, pero ya recibimos información de que el gobierno realizará provocaciones”. A su vez, el ministro de Trabajo, Guillermo Sosa, aseguró también el martes que no descarta pedir al Ejecutivo la ilegitimidad de los paros, si participan “elementos ajenos a las reivindicaciones de los trabajadores”. A instancias de los altos mandos, el gobierno puso el lunes 17 a las fuerzas armadas en estado de alerta, “por la existencia de informes sobre posibles disturbios organizados para esas fechas”. La campaña de intimidación contra los huelguistas se multiplicó en los días siguientes en los medios adictos.
La Coordinadora Sindical y Popular que convoca a la huelga difundió el pasado lunes sus reivindicaciones, entre ellas, el alza del salario mínimo del 25% contra el 10% ofrecido por el gobierno. Los sindicatos exigen también la regulación legal de los precios de los productos básicos y la reducción del precio del transporte público, que insume hasta el 30% del salario de muchas familias, la ampliación de la seguridad social a más sectores y la derogación de la ley de Alianza Público-Privada (APP), vigente desde noviembre pasado, por sus efectos privatizadores sobre los recursos y servicios públicos.
Paraguay es el país de mayor desigualdad en toda América del Sur. Se estima que el 64% de la población tiene necesidades básicas insatisfechas, con un 20% de extrema pobreza. La población rural representa el 43%, pero 351 propietarios concentran el 77% del total de las tierras y el 40% de los agricultores sólo posee el 1%. Los sindicatos cuentan con una respuesta masiva a la convocatoria de huelga, pero la bajísima tasa de sindicalización (apenas el 10%, en su mayoría en el sector público) hace que el resultado sea aún incierto.
Entre tanto, las cámaras empresarias están expectantes. Las principales asociaciones de la producción, la industria y el comercio no han decidido qué actitud tomar, aunque prevén la pérdida del día de trabajo y buscan reducir el daño. Tampoco las cámaras sectoriales han tomado decisiones, porque quieren esperar hasta el último momento, para prever el alcance de la medida, pero también porque, desplazadas por las empresas del presidente en el otorgamiento de licencias y contratos estatales, no respaldan plenamente al gobierno.
Mientras tanto, la convocatoria de Cartes para dialogar con la oposición fracasó después de que el Frente Guasú y el Partido Liberal (PLRA) rechazaron el convite. La negativa de los liberales –hasta ahora firmantes de un pacto con el Partido Colorado– fue especialmente dura, cuando Miguel A. Saguier, presidente del partido, amenazó al mandatario con hacerle juicio político “por agravios a la institucionalidad del país, persecución a funcionarios opositores y violación de las leyes”.
Las aguas bajan turbias en Alto Paraná. La preparación de la
huelga general se calentó especialmente después de que el dirigente
campesino Eusebio Torres, de 64 años, fue asesinado por sicarios el
pasado 13 de marzo, en un paraje rural del Departamento de Alto Paraná,
vecino a las fronteras de Argentina y Brasil. Torres había guiado
recientemente a los técnicos del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y
de la Tierra (Indert) en la demarcación de parcelas públicas entregadas
a la Colonia Santa Lucía, en Itakyry, usurpadas por empresarios de
origen brasileño.
En Paraguay, el 66% del total de la tierra se cultiva con soja, con una producción cercana a los 10 millones de toneladas y controlada por las multinacionales ADM, Cargill, LDC y Bunge. El secretario general de la Asociación de Agricultores de Alto Paraná (Asagrapa), Tomás Zayas, dijo el viernes 14 que el acribillamiento de Torres es la respuesta de los sojeros a la intención de recuperar las tierras del Estado para pasarlas a familias campesinas de la zona y de Ñacunday, al sur de Ciudad del Este.
Zayas añadió que desde hace 10 años las familias campesinas del lugar chocan con los usurpadores. Aunque muchos dirigentes se fueron para salvar sus vidas, Torres decidió quedarse, porque era de los que preferían “vencer o morir”. Cuando el 14 de febrero sicarios asesinaron al agricultor Arsenio López en la zona, varios dirigente de Itakyry dijeron a Zayas que sabían que a muchos de ellos les iba a tocar. “Casi todos los dirigentes de Itakyry están amenazados de muerte”, dijo Zayas.
Según un trabajo realizado por el investigador Marcos Glauser sobre el que informó el portal e'a (www.ea.com.py) el pasado 14 de marzo, unas 4.800.000 hectáreas de territorio paraguayo están en manos de colonos brasileños o de sus descendientes. Este dato revela que los más de 50 años de migración brasileña en el este y norte del país tienen como resultado una real ocupación de territorio por brasileños y “brasiguayos”, cuya producción en buena parte está amoldada a la economía brasileña.
A este espacio se sumó en los últimos 12 años una importante zona del Departamento de Alto Paraguay dominada por fazendeiros brasileños que crían ganado para los frigoríficos de Mato Grosso do Sul, a los que proveen mediante el contrabando posibilitado por la falta de controles fronterizos paraguayos en la región. Los cerca de 250 mil brasileños y “brasiguayos” (descendientes de brasileños con una cultura híbrida) que habitan en Paraguay se concentran en los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú y Amambay, en el este y centro-este del país, así como en Concepción y San Pedro, en el norte. En su mayoría son medianos chacareros que poseen entre 300 y 500 hectáreas, pero se alinean firmemente detrás de terratenientes ausentistas que controlan decenas de miles de hectáreas. Como están persuadidos de su superioridad étnica e intelectual sobre los paraguayos, rechazan todo diálogo con los campesinos e indígenas.
El asesinato de Eusebio Torres se inscribe dentro de la polarización de la política paraguaya por las “reformas” neoliberales de Horacio Cartes. En este contexto, la huelga general marca un hito: si tiene éxito, puede suceder que el gobierno se avenga a modificar su plataforma neoliberal y negocie las reformas sociales y democráticas que reclama la oposición popular; yque bajo presión militar el presidente reprima las protestas y se arriesgue a la confrontación duradera con las organizaciones sindicales y populares, o tercero, que las fuerzas populares vuelvan a dividirse y desaprovechen el efecto de la medida de fuerza. Aun así la represión no podrá perdurar, porque nuevas protestas seguirán a la huelga. Si éstas mantienen un comando unificado, aumentarán las posibilidades de diálogo y negociación. En caso contrario, Paraguay transitará nuevamente los trillados caminos de la violencia.
En Paraguay, el 66% del total de la tierra se cultiva con soja, con una producción cercana a los 10 millones de toneladas y controlada por las multinacionales ADM, Cargill, LDC y Bunge. El secretario general de la Asociación de Agricultores de Alto Paraná (Asagrapa), Tomás Zayas, dijo el viernes 14 que el acribillamiento de Torres es la respuesta de los sojeros a la intención de recuperar las tierras del Estado para pasarlas a familias campesinas de la zona y de Ñacunday, al sur de Ciudad del Este.
Zayas añadió que desde hace 10 años las familias campesinas del lugar chocan con los usurpadores. Aunque muchos dirigentes se fueron para salvar sus vidas, Torres decidió quedarse, porque era de los que preferían “vencer o morir”. Cuando el 14 de febrero sicarios asesinaron al agricultor Arsenio López en la zona, varios dirigente de Itakyry dijeron a Zayas que sabían que a muchos de ellos les iba a tocar. “Casi todos los dirigentes de Itakyry están amenazados de muerte”, dijo Zayas.
Según un trabajo realizado por el investigador Marcos Glauser sobre el que informó el portal e'a (www.ea.com.py) el pasado 14 de marzo, unas 4.800.000 hectáreas de territorio paraguayo están en manos de colonos brasileños o de sus descendientes. Este dato revela que los más de 50 años de migración brasileña en el este y norte del país tienen como resultado una real ocupación de territorio por brasileños y “brasiguayos”, cuya producción en buena parte está amoldada a la economía brasileña.
A este espacio se sumó en los últimos 12 años una importante zona del Departamento de Alto Paraguay dominada por fazendeiros brasileños que crían ganado para los frigoríficos de Mato Grosso do Sul, a los que proveen mediante el contrabando posibilitado por la falta de controles fronterizos paraguayos en la región. Los cerca de 250 mil brasileños y “brasiguayos” (descendientes de brasileños con una cultura híbrida) que habitan en Paraguay se concentran en los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú y Amambay, en el este y centro-este del país, así como en Concepción y San Pedro, en el norte. En su mayoría son medianos chacareros que poseen entre 300 y 500 hectáreas, pero se alinean firmemente detrás de terratenientes ausentistas que controlan decenas de miles de hectáreas. Como están persuadidos de su superioridad étnica e intelectual sobre los paraguayos, rechazan todo diálogo con los campesinos e indígenas.
El asesinato de Eusebio Torres se inscribe dentro de la polarización de la política paraguaya por las “reformas” neoliberales de Horacio Cartes. En este contexto, la huelga general marca un hito: si tiene éxito, puede suceder que el gobierno se avenga a modificar su plataforma neoliberal y negocie las reformas sociales y democráticas que reclama la oposición popular; yque bajo presión militar el presidente reprima las protestas y se arriesgue a la confrontación duradera con las organizaciones sindicales y populares, o tercero, que las fuerzas populares vuelvan a dividirse y desaprovechen el efecto de la medida de fuerza. Aun así la represión no podrá perdurar, porque nuevas protestas seguirán a la huelga. Si éstas mantienen un comando unificado, aumentarán las posibilidades de diálogo y negociación. En caso contrario, Paraguay transitará nuevamente los trillados caminos de la violencia.
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Eduardo J. Vior